La gestión del submarino amarillo, considerada modélica por la cátedra del fútbol español, acaba de encallar en el decanato de los juzgados de Vila-real. El Fiscal Jefe de Castelló, Javier Carceller, ha presentado una denuncia en la que acusa al dueño del Villarreal SAD -el empresario Fernando Roig- a los diez miembros del consejo de administración del club durante los años 2004 y 2005 -entre ellos Fernando Roig Nogueroles, su hijo, y José Manuel Llaneza- y a otras 14 firmas y personas de tres delitos relacionados con la facturación falsa y el fraude en el IVA en las obras de remodelación del estadio de El Madrigal y la ciudad deportiva: delito contable, contra la agencia pública y falsedad continuada en documento mercantil.

Las diligencias realizadas por el ministerio público, a partir de un demoledor informe sobre inspecciones de la Agencia Tributaria al club y a la empresa adjudicataria de la obra, Estructura, Viviendas y Carreteras (EVC SA), concluyen que los gestores del club, «en connivencia» con los propietarios de esta constructora (José Manuel López Cabañas y José Luis Ocerín) y con los de la subcontrata Spain Gespro S. L. (Juan Serrano, Silvia Graciela Salazar y José López Ferris) urdieron una trama de facturación falsa que llevó al Villarreal a ahorrarse al menos 525.440 euros por ese impuesto. El Villarreal se descontó esa cantidad irregularmente dado que correspondía a facturas por 3.809.440 euros emitidas por EVC y que no se sostenían en trabajos realizados, según el informe elaborado por la Agencia Tributaria al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Toda una cadena de mentiras

El Villarreal se dedujo un IVA «que nadie ha ingresado con el correspondiente perjuicio para la Hacienda Pública», señala el detallado informe en otro pasaje. «Las comprobaciones realizadas por la inspección han permitido constatar que parte de la facturación emitida por EVC SA al Villareal SAD no se corresponden con la realidad de los trabajos ejecutados», sostiene Hacienda y avala la Fiscalía. De las diligencias se han encargado nada menos que tres fiscales, uno más que en la acusación contra Camps y los otros tres imputados en la rama valenciana del caso Gürtel.

Sus pesquisas revelan un reguero de irregularidades para justificar contablemente los supuestos pagos. «Se facturaron en unos casos un número de unidades [horas o materiales] muy superior al real y en otros a unos precios que no se corresponden con (…) los trabajos realizados aún teniendo en cuenta el margen comercial razonable», señala la inspección fiscal. «Incluso se ha detectado la duplicidad de la facturación que se ha producido en algunos trabajos facturados por EVC al Villarreal SAD, al haber sido también directamente facturados a éste [al club] por los propios proveedores», destapa el informe. Para mantener la verosimilitud de los pagos, la cadena de presuntas falsificaciones iba transitando de un escalón a otro de las subcontratas «en dos o tres días hasta que Spain Gespro saca el dinero pagado del conducto bancario retirándolo en efectivo de su cuenta».

Las obras de remodelación del campo y la ciudad deportiva, el vivero donde se mima la reputada cantera amarilla, se encargaron a EVC y esta empresa subcontrató teóricamente con Spain Gespro SL. A partir de ahí se montó todo un entramado que alcanzaba hasta el nivel de trabajadores autónomos.

Entre las dos primeras sociedades existe una «íntima conexión», según el delegado de la Agencia Tributaria en Castelló. La administradora de Spain Gespro, Silvia Graciela Salazar, y uno de los dueños de EVC, José Manuel López Cabañas, comparten órgano de gobierno en empresas como Natur-Cas S. L., cuyo 60% del capital social es de EVC. Con estos lazos de por medio, EVC utilizó a Spain Gespro como subcontrata. Y la segunda emitió a la primera facturas que tampoco se corresponden «en su mayoría a trabajos realmente efectuados».

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