El juzgado de Instrucción número 30 de Madrid ha admitido a trámite una querella contra el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Luis Manuel Rubiales, por supuestos delitos de apropiación indebida y delitos societarios, presentada por seis afiliados del sindicato.

El anterior presidente de AFE, Gerardo González Movilla, es uno de los querellantes, junto a Francisco Javier Sánchez, José Luis Sánchez, Antonio Alvarez, David Amaral y Pier Luigi Cherubino, según el documento remitido a EFE, en el que piden que se declaren nulos los acuerdos de las asambleas ordinaria y extraordinaria celebradas el 6 de junio de 2011.

La querella, presentada el 21 de noviembre pasado, cuestiona la aprobación de las cuentas de 2010 y del presupuesto para 2011, así como la modificación de los Estatutos de AFE. Rubiales, que asumió la presidencia del sindicato en marzo de 2010, está citado a declarar el 2 de marzo.

Según la querella, las cuentas de 2010 recogen el pago de sueldos a miembros de la junta directiva por un importe de 447.813€, y así se certifica en el Informe de Auditoría emitido por la firma ERNST & YOUNG, pese a que los estatutos de la Asociación (artículo 35) determinan que los cargos de gobierno son gratuitos.

«Es obvio, que se ha incumplido tal mandato y que, por tanto, el cobro de sueldos y salarios por parte de miembros de la Junta de Gobierno no sólo es contrario a los estatutos sino también a la Ley y, sin perjuicio de otras responsabilidades de quienes personalmente se hayan lucrado, las cuentas aprobadas adolecen de defecto grave que obliga a su anulación», señala el documento.

Una querella ampliada

La querella, ampliada el pasado 1 de febrero por posible falsificación de documento, pide la nulidad del acuerdo por el que se aprobó el presupuesto para 2011, ya que en el mismo se prevé la cantidad de 1.478.621,63€, que incluye retribuciones a miembros de la Junta de Gobierno que, nominalmente, se desconocen.

Los denunciantes entienden que con la gestión de la nueva Junta de Gobierno que, entró el 8 de Marzo de 2010, «la diferencia de gastos de personal entre lo realmente gastado en 2009 y lo presupuestado para el ejercicio de 2011 supone un incremento de más del 300%».

«Ello supone tal lesión económica para la Asociación que a ese ritmo de gasto en unos tres años se quedaría sin patrimonio para atender los fines sociales que tiene encomendados en su objeto social», afirma la querella que entiende «contrarios al orden público todos los acuerdos» asamblearios, «por haberse adoptado con abuso de mayoría», y considera que se ha producido «abuso de derecho».

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