El abogado del grupo opositor afirma, que según el jurista de la FFIB, el presidente habría incurrido en fraude de ley para bloquear la moción de censura.

Fernando Osuna y el grupo de exdirectivos del Sporting Mahonés que promovió la moción de censura contra el presidente, Paco Segarra, medita la opción de pedir la inhabilitación del mandatario y los miembros que quedan en su junta directiva por haber incurrido en un fraude de ley para frenar aquella actuación en su contra. Es la única alternativa que consideran viable para evitar que el mandatario se perpetúe en el cargo dado que prevén que no habrá otro candidato en las elecciones convocadas para el próximo 30 de abril dada la situación del club.

Josep Fiol, abogado de este grupo, se personó ayer en la Federació Balear, en Palma, para entregar la documentación acumulada en torno a la frustrada moción, es decir, las firmas de los socios que las respaldaron, los requerimientos notariales y las respuestas de Paco Segarra para invalidar 72 de las 109 firmas recogidas por el grupo con las que éste pretendía que se convocara la asamblea para votar a Segarra o al propio Osuna, que era el candidato de la moción. El argumento dado fue que éstas no eran correctas por no estar al corriente del pago de la derrama aprobada en la última asamblea, una más correspondía a la de una menor de edad y cuatro estaban duplicadas.

Según la opinión del asesor jurídico federativo Segarra habría incurrido en fraude de ley al no convocar la asamblea para la moción aludiendo a que las firmas validadas -37- no alcanzaban el 15 por ciento requerido, según los estatutos para que la moción prosperara. El grupo opositor sostiene que, aún en ese caso, habría reunido las firmas suficientes puesto que el club informó en su día que habían pagado la derrama 86 socios por lo que si 37 firmas eran válidas tenían cerca del 50 por ciento de los socios con derecho a voto.

El asesor jurídico de la FFIB entiende, entonces, que Segarra no ha cumplido con los estatutos y por este motivo Osuna y su grupo estudian pedir su inhabilitación y la del resto de los miembros de la junta directiva.

El asesor jurídico de la FFIB informó al abogado del grupo opositor que el ente federativo no puede actuar de oficio por lo que debe ser el propio Osuna el que denuncie la presunta irregularidad cometida por el presidente y su junta, y solicite su inhabilitación.

La postura de los exdirectivos respecto al mandatario cada vez se radicaliza más al comprobar su empeño para continuar al frente del club en las elecciones convocadas para el próximo 30 de diciembre. El grupo incrementa sus dudas en torno a los últimos datos económicos que facilitó el presidente en la asamblea del pasado noviembre, cuando aseguró que él había puesto en el club de su propio bolsillo, a fondo perdido, 1.128.000 euros.

Diario de Menorca