Gracias al blogger somdemallorca he sabido que el pasado sábado en el BOIB se publicó un decreto dirigido a todos los titulares de acciones del Lluís Sitjar, a los que se conmina a que procedan a la demolición del estadio, después de que se haya efectuado un informe que dictamina que el recinto cumple con los requisitos de una ruina económica.

Según dicho informe, el valor actual del edificio es de 3.185.428,24 euros, mientras que el coste de reparación estimado asciende a 5.198.068,10 euros. Tras esta publicación en el BOIB, todos los afectados disponen de un plazo de 10 días para efectuar alegaciones, algo que ya hizo el Real Mallorca, por lo que se paraliza cualquier acción hasta que el recurso sea contestado.

Me sorprende muchísimo, y me consta que lo mismo piensan en el club, la actitud del Ayuntamiento con respecto al Lluís Sitjar. Ellos mismos caen en una contradicción. Por una parte la concejalía de Urbanismo urge al Mallorca y a los copropietarios para que derrumben de inmediato el estadio porque lo consideran un peligro, pero en cambio la concejalía de asuntos sociales de Grosske no sólo impide a la policía desalojar a los indigentes que viven dentro, sino que además se preocupa de hacerles un censo. ¿Cómo se puede entender que el Ayuntamiento consienta que vivan personas dentro de un recinto que según ellos debe ser derrumbado porque es peligroso?

Por otro lado, también llama la atención que otros edificios de la ciudad en estado de deterioro, como el de GESA o el de Flex, sean conservados sin que el Ayuntamiento haga nada, y lo mismo puede decirse del antiguo canódromo. Eso sin hablar del agravio comparativo del Lluís Sitjar, donde sí se permite la estancia de indigentes, con el edificio de GESA, tapiado a cal y canto.

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